Hace unos meses, el Gobierno envió al Parlamento para su tramitación el Proyecto de Ley sobre el Registro del Cambio de Sexo. En el artículo 4 incluía las condiciones que debían cumplirse para iniciar el proceso para los transexuales, entre las que se incluía el informe de un médico o psicólogo colegiado. Esta propuesta coincidía con los protocolos que el propio Sistema Nacional de Salud tiene establecidos en hospitales punteros en esta materia como el Carlos Haya de Málaga, y con las demandas de los colectivos de transexuales y de las sociedades de sexología; en definitiva coincidía con la realidad actual en la que un psicólogo informa antes de iniciar un proceso médico de cambio de sexo y, posteriormente, antes de proceder, en su caso, a la operación.
Sorprendentemente, en el trámite del Congreso de los Diputados, se aprueba una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, ante una enmienda propuesta por Izquierda Unida, en la que se especifica que el informe debe descartar psicopatología y diagnosticar disforia de género, y excluye a los psicólogos. Al parecer, el origen de esta enmienda es un informe del Ministerio de Sanidad que básicamente se sustenta en el supuesto de que los psicólogos no podemos diagnosticar. Este hecho pone de nuevo de manifiesto la posición recalcitrante de algunos sectores de la clase médica, atrincherada en posiciones obsoletas y que emplea tácticas al menos maliciosas. Efectivamente ese informe del Ministerio de Sanidad está sustentado en presupuestos falsos. El Real Decreto de creación de la especialidad de Psicología Clínica incluye entre sus competencias el diagnóstico, y cuando algunas sociedades de Psiquiatría recurrieron ante los Tribunales este aspecto, el Tribunal Supremo desestimó dicho recurso. Por tanto se trata de un informe sesgado, y que intenta monopolizar el diagnóstico, sea del tipo que sea, para los médicos. Llegaría a ser un esperpento que un licenciado en Medicina pudiera diagnosticar una psicopatología con apenas una asignatura de psicodiagnóstico, y que un especialista en Psicología Clínica con la formación obtenida tanto en la licenciatura como durante el periodo de residencia (como psicólogo interno residente-PIR), no pudiera hacerlo.
Afortunadamente, los colectivos de afectados, las sociedades sexológicas y el propio Consejo de Colegios de Psicólogos han reaccionado rápidamente, se han llevado a cabo gestiones muy diversas en relación con los grupos parlamentarios, se han presentado diversas enmiendas en el Senado para restituir la situación, y parece que el Grupo Socialista ha entendido el problema generado. Esperemos que impere la sensatez durante el trámite en el Senado.
